La violencia engrendra más violencia ¿no?

Encuesta sobre la reforma de la Constitución.

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Artículo 135 actual aqui
La reforma del artículo 135 que pretenden aprobar aqui

Lo que no te han contado de la reforma constitucional: ¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis? (o la abolición de la Consitución)

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL TECHO DE LA DEUDA

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Sin embargo parece que nuestra Constitución la deciden ahora Merkel y Sarkozy de espaldas a la ciudadanía, y con formas anti-democráticas que contradicen a la propia Constitución. 

“Artículo 128. de la Constitución Española. 

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”  

Se ha publicado ya en distintos medios artículos sobre la modificación del artículo 135 de la Carta Magna, pero en casi todos ellos la discusión se está centrando en el tope del déficit del 0,4% y no en las consecuencias reales que se derivan de esa reforma. 

Hay ciertos puntos sobre los que Democracia Real Ya! considera que debe centrarse el análisis del artículo 135 por su especial gravedad: 

¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis?

1: TECHO DE GASTO 

El superávit o déficit presupuestario de un país es la diferencia entre los ingresos y gastos en un año. El importe del déficit/superávit mide lo que nos endeudamos o ahorramos colectivamente al final del año. Limitar el déficit limita la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales, desde las pensiones, sanidad, educación,… hasta los transportes, cuerpo de bomberos, salario de funcionarios, etc… 

El problema en España no es el déficit, sino la caída de ingresos, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria. El déficit que define la UE, no es el déficit real. Es decir, no incluye ciertos gastos como gastos, sino en otras partidas. El déficit real de países como Alemania es mucho más elevado que el de España, sin embargo se escuda en su definición contable que no incluye las enormes cantidades monetarias que ha gastado en rescatar a sus bancos. 

Así pues se acusa a ciertos gastos, especialmente los sociales, de ser los causantes del incremento de la deuda simplemente porque aparecen contabilizados de esa manera. Pero en el caso de Alemania, Luxemburgo o Reino Unido, los causantes del incremento de la deuda son los gastos financieros destinados a “parchear” unos bancos que han jugado a la ruleta de la fortuna con los ahorros de sus ciudadanos. 

Forzar el equilibrio de la balanza fiscal española para garantizar el pago de la deuda a Europa implica una pérdida total de soberanía económica. Los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozarán de prioridad absoluta, por encima de cualquier gasto social. Buena parte de la nueva deuda que emitamos se destinará a pagar la deuda ya existente, llevándonos a una espiral de deuda que jamás podremos terminar de pagar. Un gran negocio para nuestros acreedores, que principalmente son la banca francesa y alemana. 

2: PRIORIDAD ABSOLUTA DE BANCA:

Con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, diputación, comunidad o el estado central esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones,… ni ningún tipo de gasto hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe. 

"Modificación art.135 punto 3:

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago  gozará de prioridad absoluta.¿¿¿¿???? Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación,  mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión."

En la liquidación de las empresas, cuando quiebran, lo primero que pagan son los salarios y después al resto de proveedores, porque se considera que los asalariados son la parte débil que no debe pagar los riesgos que supone un negocio, ya que no se beneficia cuando aumentan los beneficios. La gran diferencia es que en este caso se prioriza y beneficia a los bancos, que evidentemente no son la parte débil, pero sí son quienes realmente redactan nuestra leyes.

3: NO SE PODRÁ NEGOCIAR

Este punto es de vital importancia porque entra en vigor en pocos días y supone, además, que en el caso de un ataque especulativo o un cierre de mercados, ni pensionistas, ni trabajadores podrán cobrar. 

En determinados momentos nos encontramos con que los intereses de la deuda pública se disparan; por ejemplo ahora Grecia tiene los intereses por encima del 10%. En estos casos, normalmente acaba con una suspensión de pagos y negociación con los bancos con quien tienen la deuda. 

Lo normal es que en una suspensión de pagos, se suspendan los pagos de deuda pública, porque son los que han asumido un riesgo, precisamente porque obtienen muchos beneficios a través de la prima de riesgo, pero que se sigan pagando nóminas, prestaciones, servicios públicos y todo lo demás para que el estado siga funcionando. 

La reforma constitucional lo que quiere implantar es que no se pueda hacer esto. Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Incluso en el caso de tener superávit, en un momento de falta de liquidez, no se permitiría pagar nada hasta no haber liquidado la deuda. 

La conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación significa LA ABOLICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Si el estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, TODOS los demás artículos de la constitución quedan en NADA.

Desde Democracia Real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banquerosy por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas. La reforma constitucional propuesta por PP y PSOE al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, supone un golpe de estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que son la base de nuestra actual Constitución. 

¡¡¡NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLÍTICOS Y BANQUEROS!!!

El próximo 25 de septiembre, la PAH convoca en todas las ciudades del Estado a una Manifestación por el derecho a la vivienda, Dación en pago retroactiva, Stop Desahucios y Alquiler Social..

Una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país que no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas.
La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional.
Según cifras del CGPJ, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Sólo en los primeros 3 meses del año se han desahuciado a 15.491 familias de sus casas.
Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas.

En los últimos meses y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisibilizada y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación. Son docenas las PAH que se han constituido en todo el país que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses.
El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago de forma retroactiva, para que en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso.
Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumido por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M, Democracia Real Ya y más de 100 ayuntamientos que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la PAH.
Sin embargo, nunca antes se había hecho tan evidente la distancia que separa a representantes y representados.
El Congreso de los Diputados no sólo ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la dación en pago sino que ha bloqueado y dilatado la aceptación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social.
Es alarmante que ante el clamor popular por la dación en pago, PSOE, PP y CiU respondan obstaculizando uno de los escasos mecanismos de participación democrática que tiene la sociedad civil, amparándose en falsos pretextos para dilatar su decisión.

Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones para impedir las concentraciones un día y una hora concreta fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica.
En las últimas semanas, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas.

Ante esta situación de radicalización por parte de los poderes públicos, en los que se bloquean procesos democráticos de recogida de firmas en la mesa del Congreso, se extiende el uso de la fuerza policial ante concentraciones ciudadanas pacíficas que pretenden defender el derecho a la vivienda de las familias y a la aplicación sistemática de una ley hipotecaria que es a todas luces injusta, la PAH considera necesaria una respuesta firme y multitudinaria de la ciudadanía. Es por eso que convocamos a una manifestación el próximo 25 de septiembre en diferentes ciudades del país para EXIGIR:

- La regulación de la dación en pago retroactiva y el desbloqueo de la ILP presentada por la PAH y otros agentes sociales.

- Una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

- La reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque público de alquiler social al mismo para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos/as. Es hora de que la clase política decida a qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico. El 25S tendrán que escucharnos.

Animamos a todos los pueblos y ciudades a unirse a esta convocatoria en defensa de nuestros derechos.

¡El presente es para l@s indignad@s. El futuro para l@s valientes. Nos vemos el 25S en las calles!

#ReferendumYA | Cambio Constitucional

Techo presupuestario: Nuevo golpe de estado Financiero

La noticia conocida hoy sobre la intención del Gobierno de incluir la ley de techo de gasto en la Constitución supondrá una pérdida de soberanía así como la venta de parte de nuestros derechos.

La iniciativa obedece a los mandatos de Merkel y Sarkozy, así como de otros poderes financieros supranacionales no votados ni elegidos por los ciudadanos, lo que demuestra otra vez más cómo los gobiernos juegan con nuestro porvenir y derecho de decisión.

Ninguna reforma de la Constitución -la norma suprema del Estado que consagra la Soberanía de sus ciudadanos- debería hacerse sin un referéndum vinculante.

Para defender nuestro derecho a una Democracia real no dudaremos en emprender las medidas de boicot y presión oportunas y exigir que esas decisiones las tome el pueblo soberano.

De nuestra reacción dependen los parques, carreteras, escuelas, hospitales y todo aquello que hasta ahora conocemos como público. Rechazaremos siempre que nuestros derechos fundamentales sean subastados al mejor postor para pagar las deudas de bancos y entidades financieras internacionales, pues son sus prácticas especulativas y chantajes criminales los que asfixian cada vez más a millones de personas.

Sabemos, y por eso estamos indignados, que los mercados están por encima de las leyes de cualquier país, pero ahora pretenden regular y reformar nuestra Constitución. Esto significa que las decisiones políticas dejarán de tomarse en nuestro Parlamento o en Bruselas y que será el Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos no democráticos los que tendrán el control de nuestras finanzas y , por ende, de nuestra política.

Esta medida es una enorme pérdida de soberanía y muestra que la capacidad de influencia legislativa de la UE dirigida desde los poderes financieros es mayor que la del propio pueblo español. Por tanto constatamos que con estas medidas o decisiones, las opiniones y recetas de otros países o de organismos y entidades supranacionales, tienen más repercusión que las herramientas de Democracia participativa que tenemos a nuestra disposición (ILP o Referendum).

Esta falta de democracia se pudo ya observar con la aprobación del Pacto del Euro (contra el que ya nos manifestamos el pasado 19 de junio), acuerdo que ningún partido europeo llevaba en su programa y sobre el que no se realizó consulta alguna.

Desde Democracia real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros y por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas que se deciden sin consultar con quien realmente debería ostentar la soberanía: EL PUEBLO.

Sobre el gasto militar

El presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2011 fue fijado en los Presupuestos Generales del Estado en 8500 millones de euros. Esta cantidad, en principio, podría parecer modesta para un país como España si no fuera porque no es más que un artificio contable para esconder un presupuesto militar muy superior. 

Usando el mismo mecanismo que se le ha permitido a Grecia, el país en peor situación de la Zona Euro, esconder el cuarto mayor gasto militar del mundo, el Gobierno español reparte todos los años el presupuesto real de defensa en múltiples ministerios. Así, si contamos los gastos correspondientes a Guardia Civil (imputados a Interior), clases pasivas militares (a Seguridad Social), organismos militares internacionales (a Exterior) y los créditos a I+D militar (a Industria), nos encontramos con un incremento adicional de más de 16000 millones de euros, lo cual triplica el presupuesto hecho público. Este mecanismo tiene un doble efecto perverso: por un lado, oculta los impopulares gastos militares y, por otro, infla los presupuestos de otros ministerios que se pueden considerar más útiles para la sociedad, imputándoles gastos militares que se restan de su presupuesto real.

Desde este punto de vista, quizás el caso más sangrante es el de I+D militar. Escondido en un concepto tan atractivo como I+D, e imputado a un ministerio que se asocia con la promoción de la actividad económica y el trabajo como es Industria, desde 1997 se han estado otorgando créditos blandos a la industria militar al 0%. Los créditos son tan ‘blandos’ que de los casi 15000 millones de euros prestados desde aquel año, sólo se ha devuelto el 1%. Hay que señalar que el 11% de todo lo que España destina a I+D va a defensa. Esta cantidad es 1,5 veces todo el presupuesto de investigación científica (incluido todo el CSIC) y 3 veces la investigación sanitaria.

El presupuesto oficial de defensa que mencionábamos al principio (8500 millones de euros) supone sobre el papel un 7,7% de reducción sobre el del año anterior. Ya de por sí la reducción es inferior a la que se ha aplicado a otros ministerios de fuerte impacto social como son Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que rondan el 8,2% de recorte. Pero es que, además, todos los años se anuncia una reducción del presupuesto de defensa que finalmente nunca tiene lugar. Así en los presupuestos del año 2010 se anunció un recorte del 6,2% y, al finalizar el año, lo que había habido era un incremento del 10%. El motivo son las misiones militares en las que España está involucrada. Estas misiones siempre suponen gastos no previstos, que en el año 2010 incrementaron en más de 500 millones de euros el presupuesto inicial. Este año, por ejemplo, el bombardeo de Libia no estaba incluido en los presupuestos del 2011, con lo que el esperado descenso de gastos militares volverá a convertirse en un incremento.

Estas misiones militares, tales como la de Afganistán o Libia, no sólo nos salen caras en momentos de crisis sino que, sin abandonar un punto de vista de economía crítica, tras un pretendido humanitarismo sólo esconden el control y la apropiación de intereses energéticos y de zonas de alto valor geoestratégico.

Por todo ello, pedimos:

Financiación exclusiva del ejército por el Ministerio de Defensa, sin ocultación de partidas en otros ministerios. En este sentido, se exige la reducción del gasto de I+D militar para destinarlo a actividades sostenibles (energías renovables y ahorro energético, medicina, etc).

Creemos en una economía al servicio de las personas. Por lo tanto, nos negamos a intervenir en operaciones militares que bajo el paraguas de un supuesto humanitarismo tienen como única intención el control de intereses energéticos o geoestratégicos.

Manual de autodefensa civil

17M Manual de Autodefensa civil

¿Quién paga la visita de Joseph Ratzinger?

Olvidaron la palabra "Católica" en último lugar

La organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) asegura que tendrá "coste cero para el contribuyente" porque será financiada en un 70% por las cuotas de participación y 30% por patrocinadores, la mayoría agrupados en la Fundación Madrid Vivo. Según estas fuentes, el presupuesto final será de 50.482.621 euros. Tan arraigada parece la idea de autofinanciación que hasta los voluntarios pagan cuota, a pesar de que la ley española de voluntariado lo prohibe (se la saltan porque lo llaman “donación”).

Gasto público “en especie”

La propia organización reconoce aportaciones "en especie" de las arcas públicas. Esta se traduce en, por ejemplo:

Pincha para agrandar

• Cesión de colegios públicos, polideportivos y albergues, un total de 693 espacios en 128 municipios de Madrid. Toda cesión requiere de empleados públicos, en este caso conserjes y limpieza*. Los gastos de agua y luz los paga la JMJ. 
• 40.000 flores amarillas y blancas (colores del Vaticano) plantadas por el Ayuntamiento de Madrid.
• Otras acciones del área de Ambientación Ciudadana de este Ayuntamiento: maratón pancartero, suelta de miles de globos, kilos de confeti y serpentina, lonas en edificios y banderines en las calles, logo de la JMJ dibujado con sal sobre el asfalto, cruz de vinilo adhesivo y foco emitiendo luz desde Torre España.
• Desmantelamiento de marquesinas de los autobuses, sustituidas por postes provisionales.**
• Aviones y pilotos de la patrulla acrobática Águila del Ejército del Aire, escolta de la Guardia Real, legionarios malagueños para procesionar con el Cristo de Mena... en total, 600 militares.
• Actos en Barajas, Cibeles y la Puerta de Alcalá.
• Iluminación especial en edificios como el Museo del Prado, Neptuno, Correos, Biblioteca Nacional, entre otros.
• Alquiler para cesión gratuita del Palacio de Congresos de la Castellana.
• Cesión del aeródromo de Cuatro Vientos, el Palacio de los Deportes y la sede del Ayuntamiento.
• Instalación de 2.000 grifos en Cuatro Vientos.
• Gastos del séquito papal durante los actos.

Reducción de beneficios de las administraciones

• La JMJ ha adquirido 600.000 abonos de transportes rebajados alrededor del 80%: el de tres días de 25 a 4 euros, el semanal de 50 a 10. El Consorcio de Transportes alega que la base utilizada para el cálculo es el abono joven y no el turístico, pero recordemos el joven cubre hasta los 23 y para inscribirse en la JMJ no hay límite de edad.
• Carné joven gratuito (cuesta 4 euros).
• Entradas gratis a museos nacionales, y otros museos y monumentos públicos.
• Visados gratuitos (precio variable, alrededor de 60 euros).

Reducción de impuestos para patrocinadores y donantes

• Entre el 40 y el 90% de las donaciones pueden ser recuperadas por las empresas a través de deducciones fiscales. Coca Cola, Endesa, El Corte Inglés y Mahou son las compañías que recuperarán el 90% de lo invertido.
• Para las personas físicas, deducciones entre el 30 y el 90%. 
• Además, bonificaciones del 95% del impuesto de actividades económicas para las actividades artísticas, culturales o deportivas y también de los gravámenes locales en las operaciones relacionadas con la jornada. Todo ello porque el Gobierno lo ha declarado evento de interés especial. Cuando no es así, las donaciones a entidades sin fines lucrativos desgravan entre el 25 y el 35%

¿Qué hay de la financiación privada?

La  financión  privada  queda  a  discreción  de  las  empresas patrocinadoras. Podríamos valorar que Telefónica sea una de ellas mientras ejecuta un ERE de 6.500 personas, o destacar que la SGAE exime a la JMJ de cualquier pago por derechos de  autoría  tras  haber  exigido  el  cobro  en  numerosos  actos benéficos. 

Habría  mucho  que  comentar  sobre  los  miembros de Madrid Vivo (Caja Madrid, Santander, Acciona, Iberia, ABC, Vocento,  Intereconomía,  Unidad  Editorial,  Eulen,  El  Corte Inglés, etc), pero la ética de estas empresas no es objeto de este texto. Tampoco lo es entrar en el despilfarro que la Iglesia hace con su propio dinero, pero valga el dato de que se han bordado 14.060 casullas, albas y mitras expresamente para el clero que acuda a los actos centrales de la JMJ. ¿Por qué mucha gente piensa que sí hay gasto público a pesar de lo que diga la organización? Porque no hay transparencia sobre la cantidad de recursos "en  especie",  servicios  y  empleados  públicos  puestos  a disposición  de  la  JMJ.  Porque  en  2009  la  Iglesia    Católica recibió 6.000 millones del Estado español (de los cuales sólo 241 provenían de marcar la casilla en la declaración). Porque los  antecedentes  de  visitas  de  Ratzinger  a  España  no  son tranquilizadores:  la  Xunta  de  Galicia  gastó  8  millones  en  las 8  horas  que  pasó  en  Santiago,  cuando  estuvo  en  Valencia solamente Canal 9 gastó 11 y las administraciones catalanas cifraron en 1,8 su aportación a la estancia en Barcelona.

También porque la propia JMJ reconocía hace año y medio que, de los 50 millones estimados, el Estado pagaría la mitad. Esto es, 25 milones de euros. Rouco Varela declaró en su día: "se  han  acordado  todo  tipo  de  facilidades  y  ayudas  para  el desarrollo con éxito del evento". Y el pasado 15 de agosto, José Blanco admitió: "es verdad que acarreará algunos gastos, pero también  importantes  ingresos  y,  al  final,  ponderando  ambos, no  será  un  gasto  para  el  Estado”.  Y  ya  hemos  aprendido  a sospechar cuando un político dice "habrá ingresos"...

¿Beneficios para quién?

La organización estima que la JMJ dejará unos beneficios de 100 millones de euros. Los participantes inscritos tienen tickets de comida para consumir en las cadenas de alimentación que han  firmado  el  acuerdo:  Rodilla, Autogrill,  Le  Pain  Quotidien, Cafestore,  Mc  Donald’s,  el  Grupo  Restalia  (100  Montaditos), Telepizza,   etc.   Sobre   los   hoteles,   las   previsiones   más halagüeñas  de  ocupación  apuntan  a  un  70%  de  reservas durante esta semana. El año pasado en agosto en Madrid se ocuparon el 50% de las plazas. ¿Con semejante acto sólo hay un 20% de diferencia? Será porque la mayoría de los jóvenes se hospedan en espacios cedidos.

* No vamos a hacer demagogia sumando el gasto en las calles en  limpieza,  sanidad  y  vigilancia  policial  extra  (10.000  agentes), pues  entendemos  que  es  lo  usual  en  cualquier  aglomeración de  personas.  No  tenemos  datos  comparativos  para  juzgar  si es  excesivo  que  el  Ayuntamiento  de  Madrid  movilice  a  12.000 empleados.

**  Tampoco   haremos   demagogia   con   gastos   y   molestias derivadas  de  las  alteraciones  del  transporte  público,  pasa  con cualquier   evento   multitudinario.   No   obstante,   no   conocemos antecedentes  que  hayan  causado  tantas  alteraciones  durante una  semana,  desde  cambios  de  circulación  hasta  cierres  de  la Biblioteca Nacional.

Todos los datos han sido publicados en prensa en las últimas semanas. Puedes consultar los enlaces aquí

Desde el Movimiento 15M Soria queremos recordar que una de nuestras máximas es el RESPETO A TODAS LAS CREENCIAS RELIGIOSAS (a todas), y también recordar que España es un Estado aconfesional, así se considera desde 1978, con la aprobación de la Constitución Española. Un Estado aconfesional es aquel que no se adhiere a una religión oficial. El estado aconfesional se distingue del confesional en que no se reconoce una religión oficial.

Comunicado de Democracia real Ya en relación a las JMJ

Desde Democracia real Ya no tenemos una opinión definida al respecto a las JMJ ya que no entra dentro de nuestras propuestas el posicionarnos ni convocar ninguna acción al respecto. Queremos manifestar nuestro respeto a todas las diferentes creencias religiosas y animar a todas aquellas personas (profesen la religión que profesen) a informarse en nuestra página web de todas nuestras propuestas.  Y como bien dice nuestro manifiesto: “Unos somos creyentes, otros no. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama que vemos a nuestro alrededor.” En el espacio público nuestra lucha democrática es contra la injusticia económica, polí­tica y social. La religión es un asunto personal.

La crítica que desde DRY hacemos es contra el uso del dinero público, no contra la fe en si misma, al igual muchas organizaciones cristianas de base que tampoco están de acuerdo con este tipo de desvío de fondos. Si bien es cierto que la  llegada de tanta gente genera algunos ingresos para algunas personas, no nos parece adecuado que el dinero público se gaste en un evento religioso en un momento en que  otras cosas importantes como la salud y la educación están siendo recortadas drasticamente. España es constitucionalmente un estado aconfesional, lo que implica que las instituciones del estado no deben interferir o asumir este  tipo de eventos.

En vista a lo sucedido en los últimos días y desde nuestra convicción no violenta, dirigimos nuestra queja hacia los grupos más fundamentalistas que crean enfrentamientos entre los ciudadanos o que promueven mensajes anticonstitucionales, así como hacia las acciones de represión policial desmesuradas y violentas contra ciudadanos pacíficos de cualquier ideología o religión. En definitiva queremos mostrar nuestra repulsa frente a aquellos que incitan al odio desde cualquier posición.