Carta de Giulia Tamayo: Responsable de Investigación y experta en jurisdicción Amnistía Internacional

Te pido que circules estas líneas que responden a mi deber ético elemental de dar testimonio sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad hoy 4 de agosto frente al Ministerio del Interior en Madrid. Lo hago desde mi condición de defensora de los derechos humanos cuyo ejercicio he buscado honrar en diferentes lugares del planeta. 

Lo ocurrido esta noche es un escándalo. Se ha tratado de un operativo de castigo contra manifestantes pacíficos e indefensos en el marco de una movilización ciudadana que viene recorriendo las calles de Madrid tras la ocupación policial de la Puerta del Sol con el impedimento de la libre circulación de las personas. Cabe anotar que desde la ocupación policial de la Puerta del Sol se venían requiriendo documentos de identidad selectivamente a jóvenes que respondieran al perfil que las fuerzas de seguridad se han hecho de "los indignados". Ello lo pude constatar presencialmente. 

Tras observar dicha práctica policial (deformación que tengo de investigadora de abusos de derechos humanos), pedí a los policías en uno de los casos que pude observar directamente que me respondieran por qué a dicho joven y no a otras personas les requerían documentos, a lo que respondieron con malas formas, exigiéndome finalmente a mí identificarme, además de advertirme de que mi pregunta era un delito. Uno de los policías ensayó como explicación que a algunos ya los tenían en la mira por haber participado en las marchas. 

Con toda la prudencia debida expresé que el ejercicio de un derecho constitucional no es un delito. Con la mayor paciencia del mundo procuré informarles que lo que pretendía era que no cometieran las Fuerzas de Seguridad un delito. Mi rol era de colaborar con el respeto al Estado de Derecho.  Al parecer un mando recuperó la cordura y aunque nos obligó a todos a marcharnos, frenó la agresividad de sus subordinados. El día de hoy al medio día, estuve nuevamente en la Puerta del Sol y pude conversar con algunos policías. Observé su enorme desconocimiento de los derechos constitucionales y me ofrecí a aclararles algunos puntos. Alegaban que la constitución española debía sujetarse a no sé qué leyes (con rimbombancia decían que eran orgánicas) además de otras disposiciones de la administración. Respondí en el lenguaje mas pedagógico posible que era al revés. Anoté que no estaban obligados a acatar órdenes ilegales. Aunque sus rostros expresaban desconcierto ante mis palabras, ensayaron las respuestas mas insólitas como que el movimiento de los indignados era de izquierda radical. 

Desde luego, desconozco como función de la  policía  calificar y perseguir las ideas, sin embargo al parecer algunos policías no lo ven claro. Esta noche pude constatar qué tan lejos pueden llegar algunos policías cuando reciben órdenes de cargar contra manifestantes pacíficos. En la marcha que se detuvo ante el Ministerio del Interior habían además de jóvenes, un número apreciable de personas mayores y personas con niños. Acompaño dichas marchas no solo por convicciones personales respecto de su legitimidad, sino por carácter pacífico, en donde además puedo encontrar a muchos de mis alumnos universitarios a los que enseño las normas y mecanismos de los derechos humanos y de los que he aprendido enormemente. He tenido el privilegio de acompañar a esta generación de excepción que ha cristalizado un movimiento como el 15M. 

Nada mas ilusionante para mí que acompañar a jóvenes que se movilizan con medios legítimos para hacer los derechos humanos realidad. Nada me hacía presagiar que la policía cargaría haciendo uso de la fuerza en  forma totalmente desproporcionada. Pese a que los manifestantes coreaban como forma de protección y autocontención colectiva "No a la Violencia" con las manos alzadas al cielo, al parecer la suerte ya estaba echada por parte de las Fuerzas de Seguridad. Al encontrarme en primera línea frente al despliegue policial procuré hacerles razonar con serenidad de que no emplearan la violencia. Les hice saber que habían niños pequeños y personas mayores, incluidas personas discapacitadas. Fue inútil, las palabras no funcionaban. Me dejaron parada hablando ante sus furgonetas mientras aporreaban de manera indiscriminada a todos los manifestantes. Portaban armas para disparar proyectiles de goma. A los que corrían los perseguían hasta alcanzarlos para darles palizas en el suelo. Impedían que los sanitarios atendieran a los heridos. Las cargas se sucedieron para crear terror. Un grupo residual que permanecimos próximos a la estación de Metro de Colón, vimos y sufrimos con impotencia una última carga con nuevas personas aporreadas y heridas. Si el descomunal despliegue de policías ya revestía manifiesta desproporción, la  violencia ejercida contra los manifestantes solo puede ser calificada como una operación de castigo contra personas indefensas por el solo hecho de manifestarse. 

Quisiera creer que esto no está sucediendo en España pero me ha tocado ser testigo presencial y no puedo permanecer callada. Confío en que la sociedad española exija las responsabilidades que correspondan. Quien no quiera enterarse de estos hechos, los pretenda negar o encubrir falseando lo sucedido debe tener presente que en su opción está su penitencia. El abuso contra los derechos humanos de una sola persona es una amenaza contra todos. Las campanas doblan y no parece ser que lo hacen por la próxima visita.